Antonio Fernández, exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía (2004-2010), prepara la defensa para contar “su” verdad en la comisión de investigación sobre los ERE
falsos que empezará el próximo día 21. Su declaración está prevista
para el 24 de agosto. Fernández fue encarcelado el 24 de abril por la
juez Mercedes Alaya, magistrada del Juzgado de Instrucción numero
6 de Sevilla. En la noche del pasado viernes consiguió la libertad tras
pagar una fianza en efectivo de 450.000 euros.
Su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo,
rechazó que Fernández fuera a declarar en la comisión si continuaba en
la cárcel de Morón de la Frontera. El letrado argumentó el daño en la
imagen de su defendido como excusa para que no diera explicaciones. El
encarcelamiento, por tanto, cambia de raíz la estrategia del
exconsejero, que entregó su pasaporte en una comisaría. Ahora, está
dispuesto a hablar.
Tras entrar en la cárcel, Antonio Fernández perdió su puesto de trabajo como presidente del Consejo Regulador del Marco de Jerez,
pero no fue abandonado por los que creían en su inocencia. Amigos,
conocidos y ciudadanos anónimos han ayudado a recaudar el dinero de la
fianza al que fuera durante seis años titular de Empleo de la Junta de
Andalucía. La apertura de una web y hasta de un grupo de Facebook
permitieron que se consiguiera llegar a los 450.000 euros que exigía la
Audiencia de Sevilla. La juez Alaya ordenó en abril prisión incondicional. Tampoco atendió los requerimientos de una rebaja en la pena.
Martínez
del Hoyo afirmó que el consejero de Empleo quería “rehacer su vida”. El
fin de semana ha descansado en su casa de Jerez. “No vamos a hacer
declaraciones. A partir de ahora empiezan 15 días de descanso”, destacó
el abogado a El Confidencial.
Imputado en seis delitos por Alaya,
Fernández contestó ante la juez a más de 200 preguntas y repreguntas
durante tres días de interrogatorios, hasta que decidió su
encarcelamiento. Fernández soportó ese fin de semana grandes momentos de
tensión, fruto del interés de Alaya, cuyos gritos se oían fuera de la
sala, por conocer el nivel de conocimiento de Manuel Chaves y José Antonio Griñán de
las ayudas concedidas por IDEA (Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía) y también profundizar en el caso, cuya instrucción se
prolonga desde hace más de 18 meses.
Al igual que el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Francisco Trujillo, el chófer de la cocaína, Fernández no dudó entonces en disparar por elevación. Para ello, culpó a Chaves, Griñán e incluso a todo el Consejo de Gobierno de cómo se repartían las ayudas del fondo de reptiles de más de 1.000 millones de euros.
Eso sí, él se excusó: “Siempre he trabajado bajo el criterio y la
conciencia de la legalidad y de la legalidad presupuestaria”. Ahora,
tras salir de la cárcel, podrá repetirlo en la Comisión de Investigación
a finales de mes.
Lo publico en El Confidencial.
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