El alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo,
acaba de incorporarse a su despacho del municipio de la Sierra Sur de
Sevilla y ya acude a la sesiones del Parlamento de Andalucía, tras una
baja “por depresión” que le ha mantenido fuera de cobertura de la acción política y sindical desde el pasado mes de septiembre, según han confirmado a El Confidencial varias fuentes del municipio.
La
depresión de Gordillo ha agudizado la parálisis de Marinaleda. El
alcalde lleva diez meses sin convocar un pleno municipal ordinario. El
último fue el 26 de enero de 2012. Los tres últimos han sido
extraordinarios: en marzo, mayo y el 4 de agosto. Tampoco convoca
comisiones de Gobierno. “Tiene al ayuntamiento totalmente paralizado
en una anarquía total. No le interesa su pueblo, sólo ser el
protagonismo en la prensa”, explica a este diario el portavoz del PSOE de Marinaleda, Mariano Pradas.
El díscolo parlamentario andaluz de la coalición Izquierda Unida ha vivido el verano más díscolo que recuerda. Protagonizó el asalto a un supermercado de la cadena Mercadona de Écija y lideró una serie de ocupaciones de supermercados, bancos y hasta establecimientos turísticos de Andalucía que fueron ampliamente difundidos por los principales medios de comunicación internacionales, vendiendo una imagen de supuesto Robin Hood.
Todo se le junta al político andaluz. Tendrá que declarar el próximo 8 de noviembre ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por presuntas coacciones en la huelga general del pasado 29 de marzo. En un auto, la Sala de lo Civil y Penal considera que los hechos podían ser constitutivos de cinco delitos contra los derechos de los trabajadores previstos en el artículo 315.3 del Código Penal al amenazar al gerente del supermercado Mercadona del municipio sevillano de Estepa con tirarle la mercancía al suelo, si no cerraba al público.
El Confidencial publicó en exclusiva el pasado 17 de agosto que Sánchez Gordillo había ocultado el destino de una subvención de 200.000 euros para 25 viviendas que contaban con una subvención del Gobierno andaluz de 826.000 euros repartidas en tres anualidades. En 2010, la Junta de Andalucía concedió a Marinaleda 200.000 euros. El Ayuntamiento de Marinaleda no ha contestado al grupo municipal socialista. Tampoco la Junta de Andalucía ha remitido “ninguna información sobre la construcción de las viviendas”, según denunció ayer Pradas a este diario.
“Tiene mucha presión, juicios y reclamaciones por todos lados. No me extraña como está”, destacó el jefe de la oposición del Ayuntamiento de Marinaleda. El concejal y portavoz del PSOE “ya había sido concejal antes y repitió de nuevo a pesar de que en el mandato anterior le apedrearon alguna vez el coche y de que otras veces tuvo que salir del pueblo escoltado por la Guardia Civil” (ver Matacán de Javier Caraballo) Este diario se puso ayer en contacto en varias ocasiones, vía telefónica, con Sánchez Gordillo. El parlamentario de Izquierda Unida no quiso atender las llamadas efectuadas por El Confidencial.
El enlace con la información completa.
La
depresión de Gordillo ha agudizado la parálisis de Marinaleda. El
alcalde lleva diez meses sin convocar un pleno municipal ordinario. El
último fue el 26 de enero de 2012. Los tres últimos han sido
extraordinarios: en marzo, mayo y el 4 de agosto. Tampoco convoca
comisiones de Gobierno. “Tiene al ayuntamiento totalmente paralizado
en una anarquía total. No le interesa su pueblo, sólo ser el
protagonismo en la prensa”, explica a este diario el portavoz del PSOE de Marinaleda, Mariano Pradas.El díscolo parlamentario andaluz de la coalición Izquierda Unida ha vivido el verano más díscolo que recuerda. Protagonizó el asalto a un supermercado de la cadena Mercadona de Écija y lideró una serie de ocupaciones de supermercados, bancos y hasta establecimientos turísticos de Andalucía que fueron ampliamente difundidos por los principales medios de comunicación internacionales, vendiendo una imagen de supuesto Robin Hood.
Todo se le junta al político andaluz. Tendrá que declarar el próximo 8 de noviembre ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por presuntas coacciones en la huelga general del pasado 29 de marzo. En un auto, la Sala de lo Civil y Penal considera que los hechos podían ser constitutivos de cinco delitos contra los derechos de los trabajadores previstos en el artículo 315.3 del Código Penal al amenazar al gerente del supermercado Mercadona del municipio sevillano de Estepa con tirarle la mercancía al suelo, si no cerraba al público.
El Confidencial publicó en exclusiva el pasado 17 de agosto que Sánchez Gordillo había ocultado el destino de una subvención de 200.000 euros para 25 viviendas que contaban con una subvención del Gobierno andaluz de 826.000 euros repartidas en tres anualidades. En 2010, la Junta de Andalucía concedió a Marinaleda 200.000 euros. El Ayuntamiento de Marinaleda no ha contestado al grupo municipal socialista. Tampoco la Junta de Andalucía ha remitido “ninguna información sobre la construcción de las viviendas”, según denunció ayer Pradas a este diario.
“Tiene mucha presión, juicios y reclamaciones por todos lados. No me extraña como está”, destacó el jefe de la oposición del Ayuntamiento de Marinaleda. El concejal y portavoz del PSOE “ya había sido concejal antes y repitió de nuevo a pesar de que en el mandato anterior le apedrearon alguna vez el coche y de que otras veces tuvo que salir del pueblo escoltado por la Guardia Civil” (ver Matacán de Javier Caraballo) Este diario se puso ayer en contacto en varias ocasiones, vía telefónica, con Sánchez Gordillo. El parlamentario de Izquierda Unida no quiso atender las llamadas efectuadas por El Confidencial.
El enlace con la información completa.
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