La Junta será embargada si en 48 horas no paga a un prejubilado legal de Mercasevilla

Apenas quedan 48 horas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordenará el embargo de las cuentas de la Consejería de Empleo del Gobierno andaluz si el próximo jueves no paga a José Díaz Martín, prejubilado legal de Mercasevilla, según ha confirmado Marta Mejías, letrada de Díaz, en declaraciones aEl Confidencial.

Una diligencia de la sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA reclama a la Junta de Andalucía que se cumpla la ejecución forzosa de la sentencia a favor del prejubilado de la central de abastos sevillana tras seis meses de no aplicación. “La Junta podría incurrir en responsabilidades penales si sigue sin colaborar con la Justicia”, denuncia Mejías a este diario.

Como ya adelantó El Confidencial el pasado 18 de abril, un escrito judicial enviado al TSJA fechado en Sevilla el 12 de abril de este año, la procuradora Auxiliadora Espina Camacho exige a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que proceda “de forma inmediata” a la no consideración de Díaz Martín como irregularmente acogido al ERE 2003 de Mercasevilla. El Gobierno andaluz también deberá pagar los intereses y costas.

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La juez Alaya no despeja la X: qué causa judicial acabará este año

Continúa la presión. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) exige a la juez Mercedes Alaya que acabe de una vez alguna de las cuatro macroinstrucciones que lleva adelante en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla: ERE falsos, los dos de Mercasevilla y la venta del Real Betis. Alaya toma nota, aunque se niega a desvelar qué causa judicial acabará este año.

Tras dos horas de reunión con el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, el presidente de la Audiencia, Damián Álvarez, y el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero,  la magistrada apenas ha aceptado ceder al juez de refuerzo, Rogelio Reyes, la pieza separada que investiga diversas operaciones llevadas a cabo por Luis Oliver, que le compró en julio del 2010 su paquete de acciones mayoritario, según la denuncia de los administradores judiciales del club.

Alaya, muy personalista en la gestión de las macrocausas, rechazó contar en su juzgado con Ana Rosa Curra, juez de adscripción territorial y sustituta de la magistrada de los ERE durante su baja por enfermedad, tras reemplazar al juez Iván Escalera, tío carnal de un histórico dirigente socialista de Sevilla y que declaró en su perfil de Facebook ser amigo del PSOE. Curra fue trasladada por órdenes del presidente del TSJA al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Dos Hermanas (Sevilla).

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El TSJA estudia crear otro juzgado por la baja de la juez y la parálisis del caso de los ERE

No aguanta más. Desesperado ante la nueva y sorprendente baja presentada el pasado jueves por la juez Mercedes Alaya, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha decidido tomar medidas urgentes para intentar solucionar la parálisis del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, del que es titular Alaya.

La enfermedad de la magistrada sevillana no sólo ha causado un parón en el caso de los ERE falsos de Andalucía (más de 30.000 folios y 60 tomos), sino que la pieza de Mercasevilla y el caso Betis, que afecta a la gestión de Manuel Ruiz de Lopera  por presunto delito societario y apropiación indebida en su gestión en el Real Betis Balompié también se encuentra estancada desde el pasado mes de septiembre.
Ante la imposibilidad de nombrar a más jueces sustitutos (la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial así lo impide) el Alto Tribunal andaluz está dispuesto a que asuman estos casos jueces fijos o bien crear un Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla bis que sirviera para dar un nuevo impulso a  la instrucción, toda vez que existen delitos de imputados que podrían prescribir.

La Fiscalía ha pedido en reiteradas ocasiones un calendario de declaraciones en sede judicial de todas las personas "ya imputadas que aún no han declarado", así como la celebración, "en su caso, de comparecencia de medidas cautelares, incluidas en este caso las no celebradas respecto de personas imputadas que ya han declarado en sede judicial", como consta en el escrito judicial emitido a las partes.

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Gordillo paraliza Marinaleda: no convoca un pleno ordinario desde enero

El alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, acaba de incorporarse a su despacho del municipio de la Sierra Sur de Sevilla y ya acude a la sesiones del Parlamento de Andalucía, tras una baja “por depresión” que le ha mantenido fuera de cobertura de la acción política y sindical desde el pasado mes de septiembre, según han confirmado a El Confidencial varias fuentes del municipio.

La depresión de Gordillo ha agudizado la parálisis de Marinaleda. El alcalde lleva diez meses sin convocar un pleno municipal ordinario. El último fue el 26 de enero de 2012. Los tres últimos han sido extraordinarios: en marzo, mayo y el 4 de agosto. Tampoco convoca comisiones de Gobierno. “Tiene al ayuntamiento totalmente paralizado en una anarquía total. No le interesa su pueblo, sólo ser el protagonismo en la prensa”, explica a este diario el portavoz del PSOE de Marinaleda, Mariano Pradas.

El díscolo parlamentario andaluz de la coalición Izquierda Unida ha vivido el verano más díscolo que recuerda. Protagonizó el asalto a un supermercado de la cadena Mercadona de Écija y lideró una serie de ocupaciones de supermercados, bancos y hasta establecimientos turísticos de Andalucía que fueron ampliamente difundidos por los principales medios de comunicación internacionales, vendiendo una imagen de supuesto Robin Hood.

Todo se le junta al político andaluz. Tendrá que declarar el próximo 8 de noviembre ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por presuntas coacciones en la huelga general del pasado 29 de marzo. En un auto, la Sala de lo Civil y Penal considera que los hechos podían ser constitutivos de cinco delitos contra los derechos de los trabajadores previstos en el artículo 315.3 del Código Penal al amenazar al gerente del supermercado Mercadona del municipio sevillano de Estepa con tirarle la mercancía al suelo, si no cerraba al público.

El Confidencial publicó en exclusiva el pasado 17 de agosto que Sánchez Gordillo había ocultado el destino de una subvención de 200.000 euros para 25 viviendas que contaban con una subvención del Gobierno andaluz de 826.000 euros repartidas en tres anualidades. En 2010, la Junta de Andalucía concedió a Marinaleda 200.000 euros. El Ayuntamiento de Marinaleda no ha contestado al grupo municipal socialista. Tampoco la Junta de Andalucía ha remitido “ninguna información sobre la construcción de las viviendas”, según denunció ayer Pradas a este diario.

“Tiene mucha presión, juicios y reclamaciones por todos lados. No me extraña como está”, destacó el jefe de la oposición del Ayuntamiento de Marinaleda. El concejal y portavoz del PSOE “ya había sido concejal antes y repitió de nuevo a pesar de que en el mandato anterior le apedrearon alguna vez el coche y de que otras veces tuvo que salir del pueblo escoltado por la Guardia Civil” (ver Matacán de Javier Caraballo) Este diario se puso ayer en contacto en varias ocasiones, vía telefónica, con Sánchez Gordillo. El parlamentario de Izquierda Unida no quiso atender las llamadas efectuadas por El Confidencial.

El enlace con la información completa.

PP y PSOE se apuntan al ‘ladrillo’ y quieren resucitar el hotel Algarrobico

Fotografía de archivo del hotel construido en la playa de El Algarrobico (Efe).

El martes por la noche se pusieron de acuerdo en aprobar el proyecto turístico junto a la playa virgen de Valdevaqueros (Tarifa). Ahora, otra vez el PSOE y PP quieren resucitar el ladrillo del hotel Algarrobico de Carboneras (Almería), un mastodonte de 21 plantas (hay construidas 14) que se ha convertido en el icono absoluto de la destrucción de la costa mediterránea.

Una Providencia del Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía de este mes de marzo no deja lugar a dudas. El edificio viola la Ley de Costa al invadir la zona de servidumbre. El TSJA ha anulado el nivel de protección ambiental dado por la Junta de Andalucía en 2008 al paraje del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), en el que se proyectaba la macrourbanización "Marinas de Aguamarga" con 350 viviendas en parcelas de uso residencial y un hotel con 300 habitaciones.

Lo cuento en El Confidencial.