El alcalde de Marinaleda,
Juan Manuel Sánchez Gordillo,
acaba de incorporarse a su despacho del municipio de la Sierra Sur de
Sevilla y ya acude a la sesiones del Parlamento de Andalucía, tras una
baja “por depresión” que le ha mantenido
fuera de cobertura de la acción política y sindical desde el pasado mes de septiembre, según han confirmado a
El Confidencial varias fuentes del municipio.
La
depresión de Gordillo ha agudizado la parálisis de Marinaleda. El
alcalde lleva diez meses sin convocar un pleno municipal ordinario. El
último fue el 26 de enero de 2012. Los tres últimos han sido
extraordinarios: en marzo, mayo y el 4 de agosto. Tampoco convoca
comisiones de Gobierno. “
Tiene al ayuntamiento totalmente paralizado
en una anarquía total. No le interesa su pueblo, sólo ser el
protagonismo en la prensa”, explica a este diario el portavoz del PSOE de Marinaleda,
Mariano Pradas.
El díscolo parlamentario andaluz de la coalición Izquierda Unida ha vivido el verano más díscolo que recuerda. Protagonizó
el asalto a un supermercado de la cadena Mercadona de Écija y
lideró una serie de ocupaciones de supermercados, bancos y hasta
establecimientos turísticos de Andalucía que fueron ampliamente
difundidos por los principales medios de comunicación internacionales,
vendiendo una imagen de supuesto Robin Hood.
Todo se le junta al político andaluz.
Tendrá
que declarar el próximo 8 de noviembre ante la Sala de lo Civil y lo
Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por
presuntas coacciones en la huelga general del pasado 29 de marzo. En
un auto, la Sala de lo Civil y Penal considera que los hechos podían
ser constitutivos de cinco delitos contra los derechos de los
trabajadores previstos en el artículo 315.3 del Código Penal al amenazar
al gerente del supermercado Mercadona del municipio sevillano de Estepa
con tirarle la mercancía al suelo, si no cerraba al público.
El Confidencial publicó en exclusiva el pasado 17 de agosto que
Sánchez
Gordillo había ocultado el destino de una subvención de 200.000 euros
para 25 viviendas que contaban con una subvención del Gobierno andaluz
de 826.000 euros repartidas en tres anualidades. En 2010, la Junta
de Andalucía concedió a Marinaleda 200.000 euros. El Ayuntamiento de
Marinaleda no ha contestado al grupo municipal socialista. Tampoco la
Junta de Andalucía ha remitido “ninguna información sobre la
construcción de las viviendas”, según denunció ayer Pradas a este
diario.
“Tiene mucha presión, juicios y reclamaciones por
todos lados. No me extraña como está”, destacó el jefe de la oposición
del Ayuntamiento de Marinaleda. El concejal y portavoz del PSOE “ya
había sido concejal antes y repitió de nuevo a pesar de que en el
mandato anterior le apedrearon alguna vez el coche y de que otras veces
tuvo que salir del pueblo escoltado por la Guardia Civil” (
ver Matacán de Javier Caraballo)
Este diario se puso ayer en contacto en varias ocasiones, vía
telefónica, con Sánchez Gordillo. El parlamentario de Izquierda Unida no
quiso atender las llamadas efectuadas por
El Confidencial.
El enlace con la información completa.
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