Primera beneficiada del Decreto de la Junta: "El que la sigue, la consigue"

María del Carmen Andújar (a la izquierda) (Efe).

No puede pagar desde hace tres años una hipoteca de 500 euros mensuales. María del Carmen Andújar, de 41 años, residente en Huelva, es la primera beneficiada del Decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía. “No me lo esperaba, pero el que la sigue, la consigue”, asegura en declaraciones a El Confidencial.

Andújar gana, como máximo, 400 euros al mes. Limpia comunidades de vecinos. Su marido, Luis Romero, de 46 años, que trabajó 23 años de cocinero en un restaurante, lleva años en paro y tan sólo cobra la ayuda familiar de 426 euros. Tienen cuatro hijos: de 25, 23, 17 y 15 años. Los más pequeños viven con ellos. Son abuelos de dos niños de cinco años y seis meses.

“Yo recomiendo a todos que luchen por salir de su situación. Que se animen y no se vengan abajo. A mí tan sólo tenía ya como opción quedarme en mi casa como okupa”, señala Andújar, tras reconocer su “duda” sobre si se podía acog

er al decreto que ha impulsado la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta.

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PSOE y PP-A se alían contra el cura Chamizo: “Me tienen mucho odio”

José Chamizo (Efe).

"Me tienen mucho odio”. El defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, carga en declaraciones a El Confidencial contra el PSOE y el PP de Andalucía, que han anunciado para el lunes otro nombre en este puesto. “Sin duda es una vendetta de los dos partidos mayoritarios. Tanto la consejera Susana Díaz como Carlos Rojas [portavoz del PP-A] me tienen mucho odio desde que les dije a la cara que la gente estaba ya harta de sus peleítas”.

Chamizo, sacerdote natural de Los Barrios (Cádiz), en el cargo desde 1996, no está vinculado a ningún partido político y presume de ello en cada intervención pública. “Desde hace un año parece que soy persona non grata para el PSOE y el PP. Hablo con ellos, sí, pero la hipocresía esta primavera marca tendencia. Hay buenos y grandes políticos, pero sufrimos una política cutre”, señala a este diario.

El cura no cree que este sea “el mejor momento” para nombrar a otro defensor del pueblo andaluz, “por la situación especial que vive Andalucía”. Eso sí, también aclara que no se encuentra “agarrado” a ningún cargo. “Este puesto no es un plato de buen gusto y es muy doloroso, aunque al mismo tiempo siento la confianza y el cariño de la gente. Me preocupa la gente que está en la cárcel y que no llegue a todos la Ley de Dependencia”.

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La Junta de Andalucía defiende su ayuda a Cuba o a una playa de El Salvador

Ni a educación, ni a sanidad, ni a la lucha contra la pobreza. El 40% de las ayudas al desarrollo de la Junta de Andalucía no se destinan a estos fines fundamentales. La Administración autonómica se gastó entre 2007 y 2012 más de 500 millones de euros (230.000 euros diarios). Para Enrique Pablo Centella, director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, aplicar el 0,2% del presupuesto de la Junta para los más necesitados en el extranjero es un porcentaje “escaso, muy poco”.

En declaraciones vía telefónica con El Confidencial, Centella admitió que la situación económica de España y en concreto de Andalucía está “mal”, pero no llega a los niveles de “pobreza espectacular y gran mortalidad infantil que se da en países de Latinoamérica y el África subsahariana”.

“Hay que incrementar mucho más allá del 0,2%; tenemos que llegar al 0,7% y no detenernos ahí: en estos momentos de dificultad hay que llegar a largo plazo. No entiendo cómo puede resultar excesivo ofrecer dinero para proyectos en las zonas más débiles del mundo. Hay que tener el corazón muy duro y las entrañas muy blandas”, argumenta a este diario el dirigente de la Junta.

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La Junta debe a los ayuntamientos andaluces 400 millones de euros

Con las arcas tiritando y graves problemas para pagar las nóminas, la Junta de Andalucía adeuda 400 millones de euros a los ayuntamientos andaluces. Además, el Gobierno del bipartito formado entre el PSOE e Izquierda Unida destina tres veces más al entramado de empresas públicas, la llamada administración paralela que provocó manifestaciones de funcionarios, que a las corporaciones municipales.

El Ejecutivo de José Antonio Griñán y Diego Valderas, según denuncia el PP-A, recuerda que desde 2010 se han recortado a los Ayuntamientos y Diputaciones andaluzas 517,8 millones del presupuesto de Cooperación Municipal; mientras que de lo presupuestado se ha dejado sin ejecutar más de 895 millones de euros. ¿Ejecución del primer trimestre de este plan? Apenas el 15%.

Además, las partidas finalistas que los ayuntamientos dedican a dependencia o a empleo, la Junta sólo ha ejecutado 20,5 millones de los 458 contemplados, pero lo único que se ha desembolsado son 1,5 millones. Hay más. La Junta de Andalucía ha dejado de ejecutar 1.413 millones de euros en los últimos tres años que debería de haber ido destinado a los ayuntamientos.

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Claudio Bonifacio, el 'cazagaleones' que intenta seguir a flote

Claudio Bonifacio (Efe).

Sevilla fue su Ítaca. Vive en Triana, el barrio marinero de la que fue capital del mundo. Este es su refugio. Dice que Arturo Pérez Reverte se basó en su historia para diseñar uno de los personajes de La carta esférica. Claudio Bonifacio, cazatesoros de 66 años, lleva ocho como imputado por presunto expolio arqueológico subacuático. La empresa norteamericana Odissey le quiso hundir, dice, pero este italiano -muy poco aficionado al teléfono móvil- y casado con Milagros, peruana de 40 años, resiste con nervio y rabia en la superficie.

Él niega que sea un pirata. “Yo soy un corsario, siempre trabajo con patente de corso”, asegura Bonifacio, el cazagaleones más famoso de España, más amante del Océano Atlántico que del traicionero Mar Mediterráneo. Natural de Trieste, con bigote y físico similar a Eugenio Trías, el filósofo barcelonés recientemente fallecido, llegó a Las Palmas con 26 años. Fue allí, en Gran Canaria (donde reside un hijo suyo) cuando, motivado por su suegro, se enganchó a la pasión por los tesoros subacuáticos, los de aroma a Imperio, Armada Invencible y la conquista deAmérica que tanto ha investigado en los legajos y cartas náuticas del Archivo de Indias de su ciudad de residencia.

Esta vocación por la naufrología comenzó con la lectura del libro Tesoros y piratasescrito por Gordon Cooper y cuya primera edición en España data de 1956. En él se cuenta cómo el capitán de un barco que venía de Veracruz (México) hacia Cádiz allá por 1804, al estar bloqueados los puertos de la Península Ibérica por fuerzas navales ingleses, decidió regresar a América con toda la carga que transportaba. Hubo un motín y un naufragio. 

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Ronda-Algeciras: un viaje por una de las rutas mutiladas por Renfe

Foto: Agustín Rivera

12 grados. Una docena de jubilados (todos hombres) espera en el modesto vestíbulo de la estación de Ronda y observa, sin perderse un detalle, el trajín de los viajeros. “¿Dónde vamos a estar mejor? Hace frío y aquí nos entretenemos”, comenta Miguel García, de 69 años, que se levanta tras dar su opinión al forastero. “¡Miguel, vámonos!”, grita un compañero.

Aún quedan diez minutos para que llegue el tren Altaria, procedente de Madrid, en dirección a Algeciras. María Luisa Martínez, la supervisora de la estación, lleva 30 años trabajando en Renfe. La compañía ha suprimido de momento tres conexiones (una directa entre Madrid y Segovia y dos en Andalucía, las que unen Ronda-algeciras y Córdoba-Bobadilla). Sin embargo, según confirmó Renfe a El Confidencial,la compañía está estudiando con las Comunidades Autónomas la supresión de un número de líneas que sus portavoces prefieren no determinar. Entre las potenciales candidatas a desaparecer se encuentran todas las que no figuran en un Real Decreto del 28 de diciembre, que detalla las que deben permanecer, pues se consideran de servicio público y están garantizadas.

“Hay gente enfadada y es muy triste que quiten servicios. Hay pueblos de la Serranía que no tienen otra opción mejor para viajar”, señala Martínez. Ella es la jefa de una de las rutas andaluzas de ferrocarril afectadas por los recortes de Renfe: el 12 de mayo suprimieron el tren de las 7.30 horas hacia Algeciras y el de las 19 horas dirección Ronda. Ambos son de media distancia (quedan otros seis servicios). Cuestan 10,70 euros, poco más de la mitad que los 19,70 del Altaria.

Quedan cinco minutos para que llegue la máquina a la ciudad que enamoró aHemingway, Rilke y Orson Welles (sus cenizas están en la finca de Antonio Ordóñez). Esta es la ciudad de 40.000 habitantes a la que se le prometió un AVE y que carece de comunicación por autovía (la autopista pertenece al género de la ficción) con el interior de Málaga, la Costa del Sol y las limítrofes provincias de Cádiz y Sevilla.

Un hombre de unos 30 años, que no desvela su nombre, pide un billete para dentro de un par de horas. Lleva tres años en el desempleo. Es uno de los 5.300 parados de la ciudad. Reconoce que Ronda está dejada, que cierran fábricas, empresas y que se tarda demasiado en llegar a cualquier otro sitio. “Soy electricista y hago chapucillas. Menos mal que no estoy casado ni tengo hijos. Si no, ¿de qué voy a vivir? Aquí si no quieres tardar una eternidad en el viaje te tienes que ir a Antequera o Málaga. Deberíamos tener mejores comunicaciones”.

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Una presunta financiación irregular en Granada salpica al PP andaluz

Imagen de un mitin del PP en Atarfe (Granada) (Efe).

IEl primer caso fue en Chiclana. Joaquín Garat, de 82 años, pidió disculpas “a toda la sociedad” por su participación en la “financiación ilegal del Partido Popular”, como contó este diario el pasado 17 de marzo. De Cádiz a Granada. Gonzalo Aivar, también empresario, de 34 años, ha revelado que pagó facturas de la campaña de las elecciones municipales de 2011 del PP de Atarfe a cambio de favores.

“Ayudamos al partido para que nos pudiéramos beneficiar de determinado tipo de ayudas, como adjudicaciones; al final no ganó el PP y nos quedamos sin nada”, destaca Aivar en una entrevista telefónica concedida a El Confidencial tras destapar el caso la Cadena Ser en Granada. Una de las supuestas aportaciones se destinó a un mitin de Soraya Sáenz de Santamaría, entonces portavoz de los populares en el Congreso, en esta localidad granadina de 17.000 habitantes, a 11 kilómetros de la capital.

El presidente del partido en Atarfe, José Manuel Aranda, fue el candidato del PP en las elecciones municipales de mayo de 2011. Perdió los comicios. El partido le premiócon un puesto de coordinador de Nuevas Tecnologías en la Diputación Provincial de Granada. Dimitió por “cuestiones personales”. Ahora se centra en su puesto de portavoz en el grupo municipal popular, formado por seis concejales y desde hace un año con dos ediles díscolas: Silvia Rodríguez y María del Carmen Contreras, expedientadas por el PP. Contreras es la esposa del empresario denunciante.

Fuentes del equipo de Gobierno (capitaneado en mayoría simple por el PSOE) consultadas por El Confidencial aseguran que en esa primavera de 2011 el dinero circulaba con alegría en el pueblo. “Nosotros hicimos una campaña con cuatro perras y cuatro cartelitos. Y ellos abrieron una nueva sede y teniendo empapelado todo el municipio con carteles de Aranda”, señalan estas mismas fuentes.

“Yo estoy documentado”

Aivar no quiere hablar de cuánto dinero, en su opinión, desembolsó. “De eso no estamos hablando todavía”, precisa a El Confidencial. “Ha habido aportaciones de material y de trabajadores, pegada de carteles y eventos. Yo estoy documentado y tengo mi albarán de lo que he pagado. Y yo lo digo ahora porque este señor me ha despreciado por todos los medios habidos y por haber, tachándome de corrupto”. Este empresario está imputado en el caso Mercamed por facturas falsas y dobles pagadas por la Diputación de Granada cuando gobernaban PSOE e IU en coalición. Aivar, a través de su empresa GM Ocio, recibió pagos por trabajos que no había realizado en la feria empresarial en Marruecos Mercamed, como publicó El Mundo de Andalucía.

El aspirante frustrado a la Alcaldía de Atarfe no sabe cuántos euros se destinaron en la campaña municipal de 2011 a los gastos electorales. “Eso no me correspondía a mí, sino a Contreras, la mujer de este empresario. Yo no manejo el dinero de mi partido. Niego rotundamente la presunta financiación ilegal, tampoco ha habido donaciones”, subraya Aranda a este diario.

El PSOE pide la intervención de la Fiscalía. El vicesecretario provincial del PSOE de Granada, José Entrena, pidió una "inmediata" explicación al presidente provincial del PP y presidente de la Diputación de Granada, Sebastián Pérez. Le pidió que denunciara al empresario en los juzgados por calumnias si era falso lo que sostenía. "Si no reacciona hoy mismo, lo interpretaremos como que conoció y amparó este fraude electoral, que supone la comisión de un delito de financiación ilegal del PP", remató Entrena.

El enlace de la información publicada hoy en El Confidencial.

La juez Alaya no despeja la X: qué causa judicial acabará este año

Continúa la presión. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) exige a la juez Mercedes Alaya que acabe de una vez alguna de las cuatro macroinstrucciones que lleva adelante en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla: ERE falsos, los dos de Mercasevilla y la venta del Real Betis. Alaya toma nota, aunque se niega a desvelar qué causa judicial acabará este año.

Tras dos horas de reunión con el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, el presidente de la Audiencia, Damián Álvarez, y el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero,  la magistrada apenas ha aceptado ceder al juez de refuerzo, Rogelio Reyes, la pieza separada que investiga diversas operaciones llevadas a cabo por Luis Oliver, que le compró en julio del 2010 su paquete de acciones mayoritario, según la denuncia de los administradores judiciales del club.

Alaya, muy personalista en la gestión de las macrocausas, rechazó contar en su juzgado con Ana Rosa Curra, juez de adscripción territorial y sustituta de la magistrada de los ERE durante su baja por enfermedad, tras reemplazar al juez Iván Escalera, tío carnal de un histórico dirigente socialista de Sevilla y que declaró en su perfil de Facebook ser amigo del PSOE. Curra fue trasladada por órdenes del presidente del TSJA al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Dos Hermanas (Sevilla).

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La banca espera que la troika ‘tumbe’ el decreto antidesahucios de Griñán

La Unión Europea se va a convertir en su mejor aliado. Los bancos esperan que los inspectores de la troika que analizarán el decreto antidesahucios de la Junta tumbenesta norma impulsada por la Consejería de Fomento y Vivienda del Gobierno andaluz. “Esperamos a ver qué dice la Unión Europea; está claro que no es el mejor momento para hacer este tipo de cosas”, subrayan a El Confidencial fuentes financieras andaluzas.

El presidente de Unicaja, Braulio Medel, ya mostró su rechazo al decreto de función social de la vivienda de la Junta de Andalucía, que prevé expropiaciones temporales de viviendas a los bancos. “No va a ser bueno para el sector inmobiliario, cuya salida de la crisis será más larga y penosa: bajará la inversión en vivienda y la intención y el interés de los bancos”, resaltó Medel.

El portavoz del Comisario de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, Simon O'Connor, ha adelantado que los inspectores de la troika (formada por la Comisión, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) analizarán la próxima semana en su tercera visita a Madrid si el decreto en tramitación se ajusta a las condiciones del rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros concedido por el Eurogrupo a España. 

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El 'lobby' contra la corrupción andaluza agrupa ya a 300 personas

El fiscal jefe de Andalucía, Jesús García Calderón (Efe).

Se llaman La Resistencia, son ya 320 ciudadanos (para verano esperan llegar a 1.000) y han logrado que la Fiscalía General de Andalucía investigue tres asuntos de envergadura: el reparto ilegal de subvenciones en agencias de la Junta de Andalucía,contratos a dedo del Gobierno andaluz anulados por el Consejo Consultivo y los desahucios presuntamente ilegales de la Junta materializados a través de la Empresa Pública del Suelo de la Junta.

Este grupo de ciudadanos andaluces al margen de cualquier ideología y partido político cuentan como metas principales eliminar la corrupción de la vida pública, la defensa del Estado de derecho y la restauración de la justicia social. “No queremos figurar en las listas de ningún partido político ni presentarnos a las elecciones. Queremos crear un lobby de presión al actual sistema de partidos mediante un grupo numeroso que sirva para presionar, nos tengan en cuenta y escuchen”, explicó el pasado sábado Eduardo Maestre, profesor interino de Música en Sevilla y miembro de la junta directiva de La Resistencia, en la presentación en Málaga de este grupo.

Maestre, junto María Calvo y Luis Escribano, funcionario de la Junta de Andalucía, forman el núcleo duro de este lobby que impedirá, a juicio de esta tripleta de fundadores, que partidos políticos puedan “parasitar” a este grupo aceptando ellos a nuevos miembros hasta que una asamblea pudiera tumbar los principios de la Resistencia. “Eso le pasó al movimiento 15-M, aquí funcionamos como asamblea: todo el mundo tiene voz, pero el sistema no será asambleario”, aclara el docente sevillano.

Su lucha contra la corrupción se centra en la Junta de Andalucía, que lleva más de 30 años gobernando ininterrumpidamente la comunidad andaluza, pero los ayuntamientos y diputaciones provinciales que controla el PP andaluz y los municipios dirigidos por Izquierda Unida también formarán parte de su denuncia, según dejó claro este lobby, que insiste en que su credibilidad pasa por aceptar a gente de todo tipo, “ateos o cristianos”, y sin una ideología concreta.

Eso sí, representantes del colectivo Escaños en Blanco o el Partido Pirata aparecieron por la reunión de Málaga, que también contó con ciudadanos de izquierdas y del PP, también próximos a UPyD. En Sevilla también asistieron militantes del PSOE. “Puede venir quien quiera: lo que nos une es la lucha contra corrupción que afecta a todos los partidos políticos”, indicó Maestre, tras criticar cómo La Casa Invisible de Málaga, un colectivo social subvencionado por distintas instituciones, no los quiso acoger para la celebración de su puesta de largo en la segunda ciudad andaluza.

El grupo también vigilará a los sindicatos y los empresarios. “El problema que hemos tenido es que mucha gente ha pensado: ‘Para que roben otros, robo yo también’. Todo esto repercute en la sociedad. Lo que tengo claro es que las denuncias ante la Fiscalía han preocupado mucho en la Junta de Andalucía”, relata Escribano, con más de 20 años de experiencia profesional como funcionario de la Administración autonómica.

La Resistencia se plantea incluso la necesidad de internacionalizar el conflicto, llevar al Parlamento Europeo pruebas documentales del expolio que se está cometiendo desde hace décadas en Andalucía, a fin de que se extreme la vigilancia sobre los gestores de la Junta.

El enlace de la información publicada en El Confidencial.

La enfermedad retira a Pastrana, el jefe del ‘ejército’ de la UGT andaluza

Leal con sus leales. Implacable con los desleales. Duro en los planteamientos y formas dialécticas y con trato cercano con sus colaboradores, a sus 51 años aparenta, como mínimo, diez años más. Una enfermedad degenerativa lo deja fuera de cobertura. Manuel Pastrana abandona la dirección de UGT Andalucía, el mayor sindicato de clase de la comunidad andaluza (200.000 afiliados), tras 15 años en el poder. Le sucede Francisco Fernández, almeriense, de 52 años, actual vicesecretario general de Organización en la Ejecutiva regional.

Pastrana, natural de Jaén y aficionado a pasar los fines de semana en la casa de campo de su padre, en Antequera (Málaga), se retira con una mayoría búlgara: el 99% de los 300 delegados aprobaron este viernes su informe de gestión. Llegó a Sevilla en 1994 tras capitanear la Federación de Servicios Públicos de Jaén (era trabajador de la Diputación jienense). Se lleva bien, es amigo, del sempiterno Cándido Méndez, pero rechaza que haya formado un lobby sindical de Jaén, ni que su estrecha relación con el secretario general nacional le haya beneficiado.

Publicado en El Confidencial.

Junta y Gobierno silencian el destino de una subvención de 250.000 euros a Marinaleda

Sin respuesta. El Tribunal de Cuentas, la Junta de Andalucía e incluso el Gobierno central han eludido contestar acerca del paradero de la subvención de 250.000 euros otorgada al Ayuntamiento de Marinaleda por el Gobierno andaluz para 25 viviendas. El portavoz del PSOE en este municipio sevillano, Mariano Pradas, fue quien formuló esta solicitud tras presentar una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla, el pasado 8 de marzo de 2012, por presunto delito de prevaricación del equipo de Gobierno de Marinaleda. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía abrió diligencias de investigación a Sánchez Gordillo esta misma semana.

Como adelantó El Confidencial el 17 de agosto de 2012, el Gobierno andaluz concedió ayudas de 826.000 euros repartidas en tres anualidades en estos inmuebles sometidos a un régimen de autoconstrucción. Hubo una subvención de 419.500 euros en 2011, mientras que la tercera anualidad, correspondiente a 2012, se elevaba a 206.500 euros. El plazo para ejecutar la obra alcanzaba los 18 meses, según figura en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 4 de noviembre de 2010 (número 215). El vencimiento fue en junio de 2012.

Juan Manuel Sánchez Gordillo se niega a facilitar cualquier información sobre este tema. Tampoco en los plenos (no se celebra ninguno ordinario desde enero de 2012 y desde esta fecha sólo ha convocado cuatro extraordinarios, para asuntos menores). En los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes los plenos ordinarios se tienen que celebrar cada tres meses. “Lo tuve que poner en conocimiento ante la Fiscalía ante la poca información que se me ofrecía”, explica Pradas en entrevista telefónica con este diario. El portavoz del PSOE en Marinaleda tampoco se explica cómo a Gordillo se le ha permitido construir ocho viviendas en zonas verdes. Este caso se archivó.

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La Junta valorará el patrimonio, y no sólo la renta, para las ayudas públicas

Susana Díaz (Efe).

Hasta ahora sólo tenía en cuenta la renta. El Gobierno andaluz está dispuesto a penalizar el patrimonio a los solicitantes de ayudas públicas en la Junta de Andalucía. Los principales afectados por la medida, que articulará la Consejería de Hacienda y Administración Pública, serán los andaluces que pidan una beca o los que soliciten una subvención.

Susana Díaz, consejera de Presidencia e Igualdad, la número 2 del bipartito Griñán-Valderas, celebró el primer aniversario del Gobierno de coalición, marcado por el aumento del paro y la pobreza, con el anuncio de una ley contra el fraude fiscal “y social”. La intención se basa en lograr “un elemento de equidad y contribuir a que el reparto de la carga de la crisis sea más justo”.

La Junta de Andalucía iniciará el trámite parlamentario antes del verano, aunque tendrá que pedir la vez: en primer lugar se encuentra la ley de participación ciudadana y la de de transparencia, más prioritarias para Griñán que esta de ayer anunciada por sorpresa por Díaz en el transcurso de su comparecencia tras el Consejo de Gobierno andaluz de los martes.

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El paro y la pobreza se ‘disparan’ en el primer año del bipartito Griñán-Valderas

El PSOE andaluz está desdibujado sin mayoría absoluta. El PP, mucho más: viudo de liderazgo de Javier Arenas, continúa inmerso en su casting interno. Así, Izquierda Unida, con apenas tres consejerías, ha aprovechado su sitio en la Junta de Andalucía y ha conseguido ningunear la acción de Gobierno socialista justo cuando se cumple un año del bipartito Griñán-Valderas.

¿Y qué ha ocurrido en este tiempo? ¿Ha bajado el paro y la pobreza en Andalucía? Todo lo contrario. El desempleo continúa cabalgando sin parar en la comunidad andaluza. Con 1,5 millones de parados, la Junta de Andalucía ha sido incapaz de articular medidas que mitiguen estas cifras, con algunas provincias como Cádiz con un 41% de tasa de desempleo. Es más, desde que la Junta cuenta con las competencias en políticas de empleo (mayo de 2003), se han dejado sin ejecutar 2.000 millones de euros. Sólo en 2012 no se han puesto en marcha más del 40% de estas medidas.

En cuanto a la pobreza, la Administración autonómica ha acabado por reconocer que la situación es de extrema gravedad al conceder 120 millones de euros en un decreto ley para erradicar el número de pobres en edad infantil en Andalucía. La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha reconocido el aumento de los hogares con todos sus miembros sin trabajo y sin ingresos (de 33.200 en 2007 a más de 100.000 en 2012); el empeoramiento de los indicadores de bienestar en menores (72.020 viven en hogares con privación material severa) y personas mayores (33.868 en situación de exclusión social), y los recortes en el Sistema de Atención a la Dependencia, que han supuesto una reducción del 68% de la financiación estatal entre 2011 y 2013. Se trata de intentar que no se repitan casos como el de los cuatro hijos de Mari Paz y Pepe, los niños andaluces del hambre.

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Griñán presenta un candidato fantasma a la sucesión de Rubalcaba para ensalzar al PSOE-A

José Antonio Griñán se ha apuntado a la maniobra del despiste al hablar de un candidato andaluz para dirigir al PSOE. Ninguno de los socialistas de Andalucía está preparado ahora mismo para suceder a Alfredo Pérez Rubalcaba como cartel electoral en las próximas elecciones generales. “No se ha hablado en ningún sitio y no se oye nada, ni en las reuniones del partido, ni en los pasillos”, aseguran a El Confidencial fuentes de la Ejecutiva regional de los socialistas andaluces.

Griñán intentó ayer, en una entrevista concedida a Ana Pastor en El Periódico de Catalunya, volver a poner de relieve al PSOE-A, la mayor federación del PSOE en España, al declarar que “seguramente habría candidato andaluz en las primarias”. El partido en Andalucía se encuentra absolutamente fuera del juego de tronos en el que se encuentra inmerso tras aparecer el nombre de Eduardo Madina más el de Patxi López, junto al último fichaje para el proceso de relevo interno:Beatriz Talegón, secretaria general de la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas.

Quienes serían más del agrado de Griñán son Mario Jiménez, vicesecretario general del PSOE-A, y Susana Díaz, consejera de Presidencia e Igualdad y secretaria provincial del PSOE de Sevilla. “No creo que nadie les pueda impedir que se presenten, pero no se sabe. A lo mejor Pepe Griñán lo tiene en la cabeza y no se lo ha dicho a nadie”, resaltan a este diario estas mismas fuentes de le Ejecutiva regional, que ha convocado para hoy lunes en Sevilla al Comité Director, máximo órgano entre congresos.

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La Junta da 120 millones contra la pobreza y olvida la ley de inclusión social y renta básica

Ahora parece que sí. La Junta de Andalucía destinará 120 millones en un decreto ley para erradicar la pobreza infantil en la comunidad andaluza. Se trata de que todos los niños puedan hacer tres comidas al día;  eso sí, el Ejecutivo sureño ha arrinconado desde la pasada década las prometidas leyes de inclusión social y de renta básica incumplidas por los Gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La entonces directora general de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, Ana María Gómez, señaló en julio de 2009 que las previsiones del Gobierno andaluz pasaban por que la Ley de Inclusión Social fuera la primera que aprobaría el Parlamento andaluz en 2010. “La prioridad de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social es garantizar el acceso a los derechos sociales y situar el problema de la exclusión social en la agenda política, por lo que prevé que la ley se remita al Parlamento en el primer semestre del próximo año”, aseguró Gómez.

El PP-A denuncia que en 2009 el Gobierno andaluz elaboró un anteproyecto de ley de inclusión social, que “guardaron en un cajón y no lo volvieron a sacar”. Los populares, argumentan, lo llevaron al Parlamento en dos ocasiones, en 2002 y 2007, y el PSOE votó en contra porque “decían que ya estaban trabajando en un texto, pero estamos en 2013 y seguimos sin la ley”.

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IU sigue marcando agenda al PSOE y la Junta hará una ley contra “el abuso bancario”

Diego Valderas se puso este jueves el traje de Robin Hood antifinanciero para anunciar una ley contra “los abusos bancarios”. La norma de la Junta de Andalucía promete una protección máxima a los consumidores frente a las comercializaciones irregulares de las preferentes y las "abusivas” cláusulas hipotecarias implantadas por los bancos.

El vicepresidente del Gobierno andaluz prevé un aumento de la inspección y una mayor eficacia en las sanciones a las entidades financieras “y los mercados” que traten de “engañar a sus clientes”. La ley, según ha desvelado en un acto en Huelva, podría estar lista para finales de mayo o principios de junio.

“Se está produciendo un atentado continuo de los bancos a los ciudadanos. Si los bancos no abusan, deben estar tranquilos”, señala Valderas, número 2 del bipartido de Andalucía y coordinador regional de IU en Andalucía, que denominó esta ley como “Protección de Consumidores de Productos Hipotecarios en Andalucía”.

El dirigente de izquierdas ya animó a los bancos, entidades financieras y cajas de ahorros para que se declararan “insumisos ante los desahucios” tras la ley impulsada por la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés. “De la mano de este decreto, ellos mismos se pueden declarar insumisos ante los desalojos de viviendas y contribuir a que Andalucía sea un territorio libre de desahucios".

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Un alcalde usa la ley de Griñán para expropiar cinco pisos vacíos de la Junta

Vuelta de tuerca en el decreto-ley antidesahucios del Ejecutivo andaluz. El Ayuntamiento de San Juan del Puerto (Huelva) quiere expropiar las cinco viviendas vacías que tiene la Junta de Andalucía en el municipio onubense de 8.700 habitantes regido en coalición de Gobierno por el PP y el PA desde mayo de 2011.

“Estas viviendas llevan cerradas cinco años sin ningún sentido. Nosotros vamos a seguir los pasos del decreto para que estos pisos reviertan al ayuntamiento y luego ponerlas a disposición de las familias que más lo necesiten”, explica en declaraciones a El Confidencial Juan Carlos Duarte, alcalde popular de San Juan del Puerto, situado a 14 kilómetros de la capital. El Gobierno andaluz anunció la expropiación temporal de las viviendas si tras seis meses nadie las habitaba.

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