IU sigue marcando agenda al PSOE y la Junta hará una ley contra “el abuso bancario”

Diego Valderas se puso este jueves el traje de Robin Hood antifinanciero para anunciar una ley contra “los abusos bancarios”. La norma de la Junta de Andalucía promete una protección máxima a los consumidores frente a las comercializaciones irregulares de las preferentes y las "abusivas” cláusulas hipotecarias implantadas por los bancos.

El vicepresidente del Gobierno andaluz prevé un aumento de la inspección y una mayor eficacia en las sanciones a las entidades financieras “y los mercados” que traten de “engañar a sus clientes”. La ley, según ha desvelado en un acto en Huelva, podría estar lista para finales de mayo o principios de junio.

“Se está produciendo un atentado continuo de los bancos a los ciudadanos. Si los bancos no abusan, deben estar tranquilos”, señala Valderas, número 2 del bipartido de Andalucía y coordinador regional de IU en Andalucía, que denominó esta ley como “Protección de Consumidores de Productos Hipotecarios en Andalucía”.

El dirigente de izquierdas ya animó a los bancos, entidades financieras y cajas de ahorros para que se declararan “insumisos ante los desahucios” tras la ley impulsada por la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés. “De la mano de este decreto, ellos mismos se pueden declarar insumisos ante los desalojos de viviendas y contribuir a que Andalucía sea un territorio libre de desahucios".

Lo publico en El Confidencial.

Andalucía expropiará viviendas a los bancos si tras seis meses nadie las habita

Desorbitado parque de viviendas sin uso o infrautilizado”. “Demanda insatisfecha” y “precios no adecuados”. Con estos argumentos, la Junta de Andalucía ha elaborado un Decreto-ley antidesahucios y a favor de la vivienda social que obligará a los bancos, cajas y filiales ubicados en la comunidad andaluza a declarar cuántas viviendas tienen deshabitadas. También, de modo temporal, expropiará a las entidades financieras, filiales inmobiliarias y empresas de gestión de activos los inmuebles que lleven seis meses consecutivos sin uso habitacional.

La norma, de 26 páginas y publicada hoy en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), establece que la vivienda no estará habitada cuando carezca de contrato de suministro de agua o de electricidad o presente nulo o escaso consumo de suministros, calculados con base la media habitual de consumo por vivienda y por año. “Estos valores serán facilitados por las compañías suministradoras que presten servicio en el municipio”, indica el punto número del artículo 25 del Decreto-Ley 6/2013 de 9 de abril.

En el anexo (página 86 del BOJA del 11 de abril de 2013) se especifica que el Gobierno andaluz considera que una vivienda estará deshabitada cuando el consumo de agua sea inferior a 0,21 metros cúbicos por vivienda y mes e inferior a 2,47 metros cúbicos por vivienda y año. ¿Y consumo de electricidad? Inferior a 24 kilowatios hora por vivienda y mes e inferior a 291 kilowatios hora por vivienda y año.

El Cuerpo Superior de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda será el encargado de actuar como “agente de autoridad” para vigilar el nivel de habitabilidad de los pisos. Las entidades tendrán un mes de plazo para comunicar a la consejería un inventario de las viviendas protegidas que integran su balance. Tendrán que indicar su ubicación, precio, fecha de adquisición y situación administrativa. La Junta de Andalucía también se compromete a crear un registro de viviendas deshabitadas.

La disposición adicional segunda especifica la declaración de interés social a efectos de expropiación forzosa en personas con especiales circunstancias de emergencia social, esto es, los inmersos en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria. Esta expropiación forzosa tendrá un plazo máximo de tres años a contar desde la fecha del lanzamiento acordado por el órgano jurisdiccional competente. Para valorar la “urgente ocupación” la Junta se remite a una norma franquista: la Ley de Expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954, en vigor desde el de abril de 1955, y modificada en la Ley 17/2012, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, de 27 de diciembre de 2012.

Lo cuento en El Confidencial.

PSOE e IU se tiran las ‘expropiaciones’ de Gordillo a la cabeza

Sánchez Gordillo (c), junto a los participantes de la marcha 'Andalucía en pie' (Efe).

 

El asalto del alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, a un supermercado de Mercadona el pasado mes de agosto ha acabado por provocar la primera división interna de miembros del Gobierno andaluz. La última prueba son las declaraciones de la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, de IU, exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba, en las que defiende que llevarse 200 euros en comida “no era robar cuando se va a dar a los bancos miles de millones de euros”. Y añadió: “No se puede situar a los débiles al mismo nivel que a los poderosos, que tienen estatus y poder para robar a manos llenas, no hay una absoluta correspondencia”.

El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, precisó ayer que el Ejecutivo socialista “no ha apoyado, apoya ni apoyará ningún tipo de acción o declaración que suponga vulnerar el Estado de Derecho". Lo que no podía esperar Vázquez es que Rafael Rodríguez, consejero de Turismo y Comercio, militante de Izquierda Unida, que intervino junto a él en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno, aprovechara la contestación a una pregunta sobre el asunto no sólo para limitarse a responder que el Código Penal ya tipificaría si lo de Gordillo era delito o no, sino que elaborara una respuesta en la que insinuaba, sin decirlo abiertamente, su compresión ante el asalto.

Aquí el link de la información publicada en El Confidencial.

El Defensor Andaluz quiere expropiar a los bancos las VPO vacías sin vender

José Chamizo (Efe).

Expropiación. El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, quiere arrebatar a las entidades financieras las Viviendas de Protección Oficial (VPO) que están vacías y que no se han puesto en venta. Chamizo pide a los bancos y cajas de ahorros que elaboren un inventario de las VPO disponibles en Andalucía. En el caso de que no lo hicieran, la administración pública podrían expropiar estas viviendas a un precio asequible para los ciudadanos.

“Existe una importante bolsa de viviendas protegidas que han quedado en manos de entidades financieras y que no están cumpliendo la función social legalmente establecida. Pedimos que se inventaríe esta bolsa y se promueva su destino efectivo como alquileres sociales”, destaca Chamizo, quien informa en declaraciones a El Confidencial que elevará esta propuesta a la nueva Defensora del Pueblo, Soledad Becerril. “Creemos que puede ser una medida muy útil y que no tiene precedentes en España”, indicó a este diario.

Para ello, el Defensor del Pueblo Andaluz ha solicitado una queja de oficio sugiriendo a la Consejería de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (de Izquierda Unida), una serie de medidas detalladas que desarrollan esta idea. El responsable del organismo considera que así se cumpliría “perfectamente” con las normas vigentes y la Constitución. “Estos alzamientos y pérdidas de vivienda son el resultado de procesos judiciales que podrían merecer acciones previas de mediación o negociación. La participación de profesionales que ayuden y asesoren podría conseguir resultados menos traumáticos, alternativas de uso en alquiler y, desde luego, minorar la litigiosidad que colapsa los juzgados”.

Aquí el link de la información.