Foto de archivo de activistas de Greenpeace que ascendieron a una de las grúas del hotel de El Algarrobico (Efe).
Un decreto ley, aún sin letra pequeña, sirve para reabrir la nueva guerra de la playa
de la Junta de Andalucía contra el Gobierno Central. El Ejecutivo
andaluz aprobó ayer un decreto para frenar el urbanismo costero de 52
ayuntamientos rebeldes, que no han cumplido el POTA (Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía) y de paso hacer frente a la reforma de la
Ley de Costas que permite amnistía en el litoral.
La ley estatal impulsada por el ministro Miguel Arias-Cañete hace hincapié en el uso del dominio público marítimo-terrestre y la salvación que concede a los chiringuitos. La nueva norma de la Junta sólo afectará a los suelos situados en la franja de los 500 metros e incluirá la suspensión cautelar del planeamiento urbanístico de desarrollo en estos municipios.
“Al intervenir sobre la zona de influencia del litoral, caracterizada por ser la de mayor actividad urbanística, el plan contribuirá también de forma indirecta a la defensa del propio dominio público marítimo-terrestre. Este sentido, el reforzamiento de las condiciones para garantizar la sostenibilidad contrasta con la desregularización que para dicho dominio –de competencia estatal– ha primado en la reciente reforma de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno central”, señala la nueva norma.
La Junta no quiere, de ningún modo, volver a repetir los “errores” del pasado, según las palabras pronunciadas por Luis Planas, consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, al finalizar el Consejo de Gobierno. Planas no se refirió en ningún momento al hotel El Algarrobico (en la zona del Cabo de Gata almeriense) ni al macroproyecto hotelero ideado en la playa de Valdevaqueros (Tarifa), aunque El Algarrobico, con varios procesos judiciales en marcha, y el de la costa gaditana, con un plan parcial pendiente de desarrollo, en principio no se incluirían en el nuevo programa de reordenación del litoral.
La Junta de Andalucía no ha tenido más remedio que adoptar este plan ante la rebelión de los ayuntamientos de la costa: sólo el 11% de los municipios andaluces del litoral han adaptado los planes urbanísticos. “Nos encontramos con modelos urbanísticos de los años 80 o 90, expansivos y obsoletos, con crecimientos del más del 200%”, admite Planas para justificar la medida anticonsumo del territorio.
Hay más cifras que explican la importancia de esta norma. Desde Huelva a Almería, Andalucía cuenta con casi 1.000 kilómetros de costa, de los que el 40% está ocupado urbanísticamente. Hace 50 años la cifra apenas alcanzaba el 7%. En la población, el cambio también es muy importante: en la costa se concentra el 40% de la población andaluza (solamente hace 20 años apenas era el 20%).
La medida no ha gustado en los ayuntamientos andaluces costeros, la mayoría controlados por el PP. La paralización de la construcción de urbanizaciones en el litoral es una medida que podría agudizar aún más el empeoramiento económico de estos núcleos de población, como denunció ayer el alcalde de Mijas, Ángel Nozal, a Ser Málaga. Mientras, los ecologistas consideran que la medida ha llegado demasiado tarde. Eso sí, la portavoz de Ecologistas en Acción Andalucía, Lola Yllescas, señaló en declaraciones a Europa Press que en principio, "y sin conocer con exactitud el borrador", que aún no ha llegado a manos de la organización, "indudablemente nos parece muy bien" y "nos parece que algunas de nuestras peticiones se pueden empezar a escuchar".
Aquí el link de la información publicada en El Confidencial.
La ley estatal impulsada por el ministro Miguel Arias-Cañete hace hincapié en el uso del dominio público marítimo-terrestre y la salvación que concede a los chiringuitos. La nueva norma de la Junta sólo afectará a los suelos situados en la franja de los 500 metros e incluirá la suspensión cautelar del planeamiento urbanístico de desarrollo en estos municipios.
“Al intervenir sobre la zona de influencia del litoral, caracterizada por ser la de mayor actividad urbanística, el plan contribuirá también de forma indirecta a la defensa del propio dominio público marítimo-terrestre. Este sentido, el reforzamiento de las condiciones para garantizar la sostenibilidad contrasta con la desregularización que para dicho dominio –de competencia estatal– ha primado en la reciente reforma de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno central”, señala la nueva norma.
La Junta no quiere, de ningún modo, volver a repetir los “errores” del pasado, según las palabras pronunciadas por Luis Planas, consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, al finalizar el Consejo de Gobierno. Planas no se refirió en ningún momento al hotel El Algarrobico (en la zona del Cabo de Gata almeriense) ni al macroproyecto hotelero ideado en la playa de Valdevaqueros (Tarifa), aunque El Algarrobico, con varios procesos judiciales en marcha, y el de la costa gaditana, con un plan parcial pendiente de desarrollo, en principio no se incluirían en el nuevo programa de reordenación del litoral.
La Junta de Andalucía no ha tenido más remedio que adoptar este plan ante la rebelión de los ayuntamientos de la costa: sólo el 11% de los municipios andaluces del litoral han adaptado los planes urbanísticos. “Nos encontramos con modelos urbanísticos de los años 80 o 90, expansivos y obsoletos, con crecimientos del más del 200%”, admite Planas para justificar la medida anticonsumo del territorio.
Hay más cifras que explican la importancia de esta norma. Desde Huelva a Almería, Andalucía cuenta con casi 1.000 kilómetros de costa, de los que el 40% está ocupado urbanísticamente. Hace 50 años la cifra apenas alcanzaba el 7%. En la población, el cambio también es muy importante: en la costa se concentra el 40% de la población andaluza (solamente hace 20 años apenas era el 20%).
La medida no ha gustado en los ayuntamientos andaluces costeros, la mayoría controlados por el PP. La paralización de la construcción de urbanizaciones en el litoral es una medida que podría agudizar aún más el empeoramiento económico de estos núcleos de población, como denunció ayer el alcalde de Mijas, Ángel Nozal, a Ser Málaga. Mientras, los ecologistas consideran que la medida ha llegado demasiado tarde. Eso sí, la portavoz de Ecologistas en Acción Andalucía, Lola Yllescas, señaló en declaraciones a Europa Press que en principio, "y sin conocer con exactitud el borrador", que aún no ha llegado a manos de la organización, "indudablemente nos parece muy bien" y "nos parece que algunas de nuestras peticiones se pueden empezar a escuchar".
Aquí el link de la información publicada en El Confidencial.
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