No paga un céntimo desde el tercer trimestre de 2011. La Junta
de Andalucía debe 148 millones de euros en facturas a los contratistas
de obras públicas en la Costa del Sol. Además, estas empresas han tenido
que
adelantar 40 millones en concepto de IVA. El 30% de la deuda
corresponde a certificaciones de obra, sin factura acreditativa. “Es
una tragedia en grado sumo, es de república bananera, terrible”,
denuncia
José Prado, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores (APC) de la provincia de Málaga, en declaraciones a
El Confidencial.
Con
un paro en la zona del 35% (en el sector 50.000 personas están
desempleadas y 400 empresas han desaparecido desde la llegada de la
crisis), los promotores no se explican el “silencio total” que
muestra la Junta de Andalucía con este colectivo de la Costa del Sol,
que en los años de la burbuja económica disfrutaba de una opulencia sin
fin.
¿Y qué dice la Consejería de Obras Públicas y Viviendas para
justificar esta morosidad? “Yo no estaba en la Consejería” es la
respuesta que ofrece la titular del ramo,
Elena Cortés, de Izquierda Unida. El Gobierno andaluz no ha ofrecido ninguna solución para solucionar esta deuda, argumenta Prado, tras
lamentar el “anacronismo” que existe en la Junta al “llenárseles la boca en prometer empleo y luego no pagar a los que lo crean”.
En el informe anual de la ACP ya se alertó de que
por cada millón de euros al año que no se invierten en infraestructuras, 18 personas pierden su puesto de trabajo.
La asociación calculó que en 2011 –cuando con sólo 281 millones de
euros la inversión se redujo un 85% en relación a 2006– se han perdido
22.500 empleos en el segmento de obra pública.
Sobre los
ayuntamientos, el presidente de la ACP sostiene que son “todos unos
morosos; el único que paga a 25 días es el de Málaga”, precisa. En realidad, dicho ayuntamiento
paga con un promedio de 31 días,
un tiempo bastante inferior a los 40 días de máximo que la ley de
morosidad establecía en 2012 en las Administraciones Públicas, que se
han rebajado a 30 a partir del 1 de enero de 2013. El presidente de la
Asociación de Constructores y Promotores también valora “el esfuerzo” de
ayuntamientos como el de Estepona o Marbella para pagar sus deudas.
Este colectivo también tiene otro foco de conflicto con la Junta de Andalucía.
Se trata del decreto para frenar el urbanismo costero de 52 ayuntamientos rebeldes, que no han cumplido el POTA (Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía) y, de paso, hacer frente a la reforma de la
Ley de Costas
que permite amnistía en el litoral. La nueva normativa de la Junta
afecta a los suelos situados en la franja de los 500 metros e incluirá
la suspensión cautelar del planeamiento urbanístico de desarrollo en
estos municipios.
El primer tema del año que publico en El Confidencial.
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