La juez Mercedes Alaya ha decretado en un auto al que ha tenido acceso El Confidencial una fianza de responsabilidad civil subsidiaria de 251.041,37 euros al secretario general del sindicato UGT en Cádiz, Salvador Mera, y de 471.352 al que fuera secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A entre 1991 y 2009 Roberto Carmona Soto, dentro de la segunda fase de la Operación Heracles.
es prohíbe salir de España y tienen que entregar “inmediatamente” el pasaporte y el DNI. La juez
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La juez revela en el auto que Mera se dirigió al imputado José González Mata, responsable de la mediadora Uniter, para solicitarle que le hiciera entrega de ciertas sumas de dinero “a sabiendas que las comisiones de las mediadoras procedían de fondos públicos para paliar los gastos que habían tenido los sindicatos con motivo del proceso de la llamada Faja Pirítica, en concepto de viajes, manifestaciones, concentraciones, asambleas, reuniones informativas y demás gastos de convocatoria”, según el auto, que especifica: “Ninguno de estos conceptos responde a gastos necesarios soportados realmente, gastos que González Mata admite para retribuir el papel como facilitador del proceso, pues conocía las consecuencias de los contrario”.
Los sindicatos UGT y CCOO cobrarían de Uniter 3,2 millones de euros y de Vitalia 4,2 millones de euros a lo largo de la década pasada, un total de 7,6 millones de euros con cargo a las sobrecomisiones abonadas por la Junta de Andalucía, a través de las comisiones que percibían por cada expediente, que se cobraban en ocasiones doblemente, en Madrid y Andalucía, “a veces altísimas según la documentación recabada en alguna ocasión, un 100,50%, 200,50%, en otras un 5%. Siendo habitualmente comisiones mensuales que podían oscilar entre 90.000 euros y algo menos de 20.000 euros”.
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