El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán (EFE)
No habrá guerra. El Partido Popular ha renunciado a contrarrestar, vía parlamentaria o judicial, el Decreto-Ley 6/2013 de 9 de abril de la Junta de Andalucía antidesahucios que impulsa la Consejería de Fomento y Vivienda del Gobierno andaluz. Al PP no le interesa en estos momentos comenzar un nuevo frente de confrontación con el Ejecutivo de José Antonio Griñán, que ha conseguido esta semana arrinconar el escándalo de los ERE falsos en el debate nacional.
Los bancos y cajas de Andalucía aún no tienen decidida su respuesta ante las intenciones de la Junta de expropiar de modo temporal las viviendas que lleven seis meses consecutivos sin uso habitacional. “Hemos encargado un estudio jurídico y estamos esperando a ver qué nos dice”, señalaron a El Confidencial fuentes financieras andaluzas consultadas por este diario.
Un portavoz de un banco radicado en Andalucía no quiso comentar en declaraciones a este diario el contenido del decreto-ley y lo achacó a que se trataba de “una normativa política”. La Junta sí influirá en las entidades al conceder un mes de plazo para comunicar a la Consejería un inventario de las viviendas protegidas que integran su balance. También tendrán que indicar su ubicación, precio, fecha de adquisición y situación administrativa.
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