Mercedes Alaya amplía el radio de acción del caso de los EREs falsos. La juez investigará un millón de euros de ayudas a UGT entre 2009 y 2010 concedidas por la Consejería de Empleo. Serán 40 nuevos expedientes que Alaya ya ha solicitado a la Junta de Andalucía apenas un día después de la decisión del Tribunal Supremo de permitir el acceso a las actas del Gobierno andaluz.
En el auto de Alaya también exige información sobre los 119.000 euros pagados al bufete de Manuel Olivencia, suegro del presidente del PP-A, Javier Arenas. La juez requiere a la Junta que remita copia de los contratos de servicios y facturas por asesoramiento, que ascendieron a 104.000 euros en marzo de 2002 y 15.000 euros en julio de ese año.
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