La jueza Alaya a su llegada a la Audiencia Provincial
Ni una semana ha aguantado trabajando.
Tras las vacaciones del mes de agosto, la juez
Mercedes Alaya se
dio de baja ayer por enfermedad tras sufrir cefaleas, unos fuertes
dolores de cabeza que le han impedido continuar con los numerosos
expedientes judiciales que lleva al frente del Juzgado de Instrucción
número 6 de Sevilla
El juez decano de Sevilla,
Francisco José Guerrero, recibió el parte de baja, y tendrá que decidir si refuerza el juzgado (desde hace unos meses hay otro magistrado de apoyo,
Iván Escalera)
teniendo en cuenta el tiempo que Alaya esté en el dique seco y la gran
cantidad de asuntos judiciales que tiene pendiente de resolver la
magistrada.
El momento en el que la juez abandona (en principio
de modo momentáneo) el Juzgado de Instrucción número 6 no puede ser más
inoportuno, debido a los casos tan importantes de presunta corrupción en
los que trabaja,
de un modo estajanovista, con
jornadas que empiezan de nueve de la mañana a ocho de la tarde, pero
que no acaban ahí: se suele llevar las tareas pendientes a su casa portando la documentación en un
trolley repleto de papeles.
El
caso de los EREs falsos en Andalucía, cuya comisión de investigación se
reanuda la próxima semana, es el más relevante que instruye
Mercedes Alaya, pero no el único. En el plano deportivo, continúa con sus pesquisas sobre
Manuel Ruiz de Lopera
en el Real Betis Balompié, acusado por presunto delito societario y
apropiación indebida en su gestión del club andaluz. También iba a
comparecer el exfutbolista del Osasuna y del Atlético de Madrid
José Antonio Gómez Romón, imputado por haber percibido una póliza de 491.424,43 euros.
Lo
tarea más urgente que tenía pendiente Alaya era el caso Mercasevilla.
La juez pidió los informes de auditoría correspondientes a los
ejercicios 2010 y 2011, dentro del posible delito de administración
desleal y apropiación indebida que investiga la juez sobre la gestión
que los exdirectivos
Fernando Mellet y
Daniel Ponce
protagonizaron al frente de mercado de abastos, ambos imputados en estas
diligencias junto a la exresponsable del área económico-financiera de
la lonja
Pilar Giraldo. El presidente de la federación de empresarios mayoristas del mercado central de abastos,
José María Morillo, iba a declarar hoy por este caso.
Aunque
esté de baja laboral, los que conocen la manera de trabajar de Alaya
creen que la juez seguirá trabajando desde su casa, trabajando en un
auto, que podría hacerse público a principios de la próxima semana
sobre la rebaja de la fianza impuesta al Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía y también
Juan Francisco Trujillo, más conocido como el chófer de la cocaína, que han solicitado a la Audiencia Provincial de Sevilla.
El
fiscal ha pedido una reducción de 100.000 euros en el pago de la fianza
de Guerrero (de 250.000 a 150.000 euros). “Eso es descabellado; espero
que la juez pueda reducir esta cifra”, explicó a
El Confidencial Fernando de Pablo, abogado del ex alto cargo de la Junta de Andalucía. “
Mi cliente no puede hacer frente a la cantidad fijada por la jueza”, destacó el abogado de Guerrero.
Lo cuento en El Confidencial.
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