El Parlamento andaluz se gasta 528.000€ en seguros de vida y accidentes

Manuel Gracia y Esperanza Oña (Efe).

Nuevo despilfarro en el Parlamento andaluz. La Cámara autonómica se gastará 528.200 euros en la contratación de diversos seguros contra daños y de colectivos de personas.  La partida más abultada (380.000 euros) es la de un seguro de vida y accidente para el colectivo de diputados y el personal del Parlamento de Andalucía, según aparece publicado en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) del pasado 11 de junio.

El organismo que preside el socialista Manuel Gracia, el mismo que autorizó con el visto bueno del resto de grupos parlamentarios la subida de sueldos de tapadillo, también ha procedido a autorizar un nuevo seguro contra daños de bienes muebles e inmuebles del Parlamento de Andalucía y la Cámara de Cuentas de la comunidad autónoma valorado en 104.000 euros.

Los diez vehículos oficiales del Parlamento (destinados para el presidente, los tres vicepresidentes, los tres secretarios de la mesa y los tres portavoces del PP, PSOE e IU) con sus correspondientes chóferes también saldrán beneficiados con un nuevo seguro obligatorio de responsabilidad civil de automóviles, cifrado en 41.600 euros, además de un seguro de accidentes para el colectivo de conductores y ocupantes de vehículos oficiales de la Cámara autonómica de 2.600 euros, como figura en el apartado “Licitaciones públicas y adjudicaciones” del BOJA.

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Andalucía expropiará viviendas a los bancos si tras seis meses nadie las habita

Desorbitado parque de viviendas sin uso o infrautilizado”. “Demanda insatisfecha” y “precios no adecuados”. Con estos argumentos, la Junta de Andalucía ha elaborado un Decreto-ley antidesahucios y a favor de la vivienda social que obligará a los bancos, cajas y filiales ubicados en la comunidad andaluza a declarar cuántas viviendas tienen deshabitadas. También, de modo temporal, expropiará a las entidades financieras, filiales inmobiliarias y empresas de gestión de activos los inmuebles que lleven seis meses consecutivos sin uso habitacional.

La norma, de 26 páginas y publicada hoy en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), establece que la vivienda no estará habitada cuando carezca de contrato de suministro de agua o de electricidad o presente nulo o escaso consumo de suministros, calculados con base la media habitual de consumo por vivienda y por año. “Estos valores serán facilitados por las compañías suministradoras que presten servicio en el municipio”, indica el punto número del artículo 25 del Decreto-Ley 6/2013 de 9 de abril.

En el anexo (página 86 del BOJA del 11 de abril de 2013) se especifica que el Gobierno andaluz considera que una vivienda estará deshabitada cuando el consumo de agua sea inferior a 0,21 metros cúbicos por vivienda y mes e inferior a 2,47 metros cúbicos por vivienda y año. ¿Y consumo de electricidad? Inferior a 24 kilowatios hora por vivienda y mes e inferior a 291 kilowatios hora por vivienda y año.

El Cuerpo Superior de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda será el encargado de actuar como “agente de autoridad” para vigilar el nivel de habitabilidad de los pisos. Las entidades tendrán un mes de plazo para comunicar a la consejería un inventario de las viviendas protegidas que integran su balance. Tendrán que indicar su ubicación, precio, fecha de adquisición y situación administrativa. La Junta de Andalucía también se compromete a crear un registro de viviendas deshabitadas.

La disposición adicional segunda especifica la declaración de interés social a efectos de expropiación forzosa en personas con especiales circunstancias de emergencia social, esto es, los inmersos en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria. Esta expropiación forzosa tendrá un plazo máximo de tres años a contar desde la fecha del lanzamiento acordado por el órgano jurisdiccional competente. Para valorar la “urgente ocupación” la Junta se remite a una norma franquista: la Ley de Expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954, en vigor desde el de abril de 1955, y modificada en la Ley 17/2012, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, de 27 de diciembre de 2012.

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IU quiere cambiar la ley para volver a nombrar a dedo al director de la RTVA

El cónclave para elegir al nuevo Papa de Canal Sur tardará en celebrarse. Igual que Benedicto XVI, Pablo Carrasco ha anunciado su dimisión, pero aún no se ha ido. Lo hará el próximo martes, cuando el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía elabore un decreto para aceptar la renuncia de Carrasco al frente de la RTVA. Su dimisión se hará efectiva el miércoles con su publicación en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía).

Ya desde la mañana de ayer los partidos políticos trabajan en borradores que formen parte de la lista definitiva para nombrar al sucesor del sexto director general de la Radio Televisión Autonómica de Andalucía. La era post-Carrasco será la primera que arranque con un partido con mayoría simple en el Parlamento (el PP) que no forma parte del Ejecutivo andaluz tras el acuerdo entre el PSOE e IU para un Gobierno bipartito.

Es precisamente la coalición de izquierdas la que tiene más interés en cambiar la ley para volver a nombrar a dedo al director general de la RTVA, como se hacía antes de noviembre de 2008. ¿La excusa? El posible bloqueo y rechazo de los populares andaluces al nombre que propongan los grupos parlamentarios socialistas y de Izquierda Unida. "Si alguien veta, hay soluciones democráticas", remarcó el vicepresidente y coordinador general de IU, Diego Valderas.

Aquí la información.

La Junta amplió en 11 millones el ‘fondo de reptiles’ sin notificarlo en el BOJA

La Junta de Andalucía amplió en 11,4 millones de euros el fondo de reptiles de 700 millones de euros sin notificarlo en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía). Así lo denuncia un nuevo auto de Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, y juez encargada del caso de los EREs falsos.

Alaya da cuenta de una modificación presupuestaria de 11,4 millones en el programa 31L de la Consejería de Empleo sin que conste en las actas del Consejo de Gobierno de 27 de noviembre de 2007, "salvo error, no consta publicado en el BOJA, debiendo igualmente verificarse este extremo", como figura en el auto.

Lo publico en El Confidencial.