Andalucía gastará 225 millones en pagar a 1.300 exempleados de empresas subvencionadas

Son trabajadores de empresas fracasadas tras importantes inyecciones de dinero de la Junta de Andalucía. El Gobierno andaluz se gastará 225 millones en pagar a 1.383 exempleados de Santana, Astilleros de Sevilla, Delphi y Boliden Apirsa. Hasta ahora el pago de estas ayudas sociolaborales los subcontrataba la Junta a empresas aseguradoras. La Junta también asumirá el gasto de los afectados por la liquidación de la compañía aseguradora APRA Leven, que gestionaba las prestaciones en 18 empresas de la comunidad.

Con esta medida, que se ejecuta a través de un decreto-ley, la Junta de Andalucía intenta evitar que ocurra idéntico modus operandi al sistema de ayudas sociolaborales otorgadas discrecionalmente, sin control alguno, en la Consejería de Empleo durante la década que Francisco Javier Guerrero fue director general de Trabajo de la Junta, el llamado caso de los EREs falsos, el mayor escándalo de corrupción de la última década en Andalucía.

El propio Gobierno andaluz admite que con esta normativa “se actualiza la regulación del sistema de prestaciones y se introducen mejoras de tramitación, control y verificación”. En Santana, la historia del mayor fracaso industrial de la Junta, se ha gastado en 15 años más de 600 millones de euros. En Delphi, 1.522 trabajadores fueron despedidos. Y empresas que contrataron a exempleados de Delphi como Gadir Solar consiguió ayudas de la Junta de 32 millones para asegurar la viabilidad de la compañía, a pesar de que despidió a más de 100 personas.

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Varapalo a la Junta de Andalucía: Boliden no pagará por contaminar el entorno de Doñana

Imagen del Parque Nacional de Doñana.

¿Quién contamina paga? En el caso de la empresa sueca Boliden desde luego que no. El Tribunal Supremo (TS) permitirá que quede impune el vertido de cinco millones de metros cúbicos producido el 25 de abril de 1998 por la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar (Sevilla). El desastre ecológico afectó a un tramo fluvial de 4.634 hectáreas y 62 kilómetros de longitud entre la mina y el límite con el Parque Nacional de Doñana.

El TS ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que invalidaba el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de fecha 23 de marzo de 2004, que declaró que las entidades Boliden Apirsa, SL, Boliden AB y Boliden BV estaban obligadas solidariamente a reembolsar a la Junta los gastos y costes del vertido que contaminó a 20.000 aves y una consecuencias aún más trágica: 12 toneladas de peces muertos.

La rotura de la presa puso en peligro el frágil ecosistema de Doñana, acelerado en los últimos años, como adelantó El Confidencial en un reportaje publicado el 6 de octubre de 2010. En el índice de peligrosidad del parque nacional el escritor José Manuel Caballero Bonald precisó en declaraciones a este diario “las ponzoñas vomitadas por una balsa de la mina de Aznalcóllar”.

Aquí la información completa que escribo hoy en El Confidencial.