Dos presuntos fraudes con diferentes varas de medir. La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y UGT, el sindicato más poderoso de la comunidad autónoma, con 200.000 afiliados, se sitúan en el objetivo de la Junta de Andalucía. Mientras el Gobierno andaluz exige a los empresarios andaluces la devolución de 1,8 millones de euros a la CEA por 583 VPO no construidas, la UGT sólo ha restituido 25.000 euros correspondientes a dos facturas del escándalo sin fin de las comilonas y fiestas en la Feria de Sevilla. La cifra global del supuesto fraude del sindicato se podría elevar a más de un millón de euros, aunque el sindicato lo niega.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla admitió la pasada semana a trámite una denuncia penal por una presunta estafa presentada por siete empresas suministradoras de la promoción de vivienda protegida promovida por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa (FDSE), vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). En la denuncia figura el nombre del presidente de la CEA, Santiago Herrero, varios dirigentes de la misma institución y los responsables de la empresa Dolmen, entre ellos Juan Manuel Sanz.
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