El apetitoso “negocio” de los administradores concursales se ha transformado en una especie de holding endogámico. Son tres y los nombra el juez de lo Mercantil. Lo que quiere el Colegio de Abogados de Madrid es que el juez designe a los administradores entre una terna de candidatos, los que estén más especializados en una materia y cuenten con una formación específica.
“Las administraciones concursales recaen casi siempre sobre las mismas personas y puede haber intereses por parte del juez, de los administradores y de las empresas concursadas. Eso da lugar a un auténtico negocio”, denuncia Ignacio Gordillo, diputado primero de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid y ex fiscal de la Audiencia Nacional, en una entrevista concedida a El Confidencial. Con esta medida, según Gordillo, se lograría que los magistrados quedaran “protegidos e inmunes de los enormes intereses que rodean estos procedimientos y que determinan tráficos e influencias muy contrarios a los fines legales de los concursos de acreedores”. Entre 2008 y 2012 se presentaron en España 37.000 concursos de acreedores. El año pasado fueron 9.700 concursos.
“Esto se puede estar moviendo entre un centenar de personas en todo el país; hay administradores que llevan otros concursos con testaferros legales… Lo importante es que se ponga un filtro por medio que evite la elección directa sin que nadie ponga las barreras y haya tanto intereses mezclados”, subrayan a este diario fuentes judiciales. El trabajo en la administración concursal, insisten estas mismas fuentes, ha dado lugar a un “circuito muy cerrado” en el que los jueces son llamados para dictar conferencias creándose una “actuación muy preferente” para los magistrados que puede dar lugar a “atisbos de irregularidades o corrupción”, denuncia Gordillo, responsable del Área de Penal del despacho de abogados Martínez-Echevarría.
El letrado madrileño recuerda que la remuneración media de los administradores concursales se eleva a 250.000 euros, aunque un abogado andaluz especialista en Derecho concursal (ha participado en 15 procedimientos) consultado por este diario niega esa cifra. “Sólo una vez tuve un honorario de 100.000 euros y al final he cobrado la mitad tras siete años en funcionamiento del concurso; en el resto he cobrado 50.000 euros y, en el mejor de los casos, se tarda entre 4 o 5 años en resolverse: se suele cobrar uno de cada cinco concursos”, cuenta el letrado andaluz.
“Nos llegan las empresas en semimuerte”
La ley de la administración concursal, en vigor desde 2003 por iniciativa del entonces ministro de Justicia José María Michavila, se suponía que iba a evitar el cierre de muchas empresas que estaban en crisis, pero el hecho es que las compañías recurren a esta vía cuando han agotado ya casi todas las opciones posibles para su salvación. “No es un sistema de paliativos, milagros no podemos hacer. No se nos pueden tachar de ser los responsables de las muertes de las empresas. En la mayoría de los casos si la empresa hubiera pedido dos años antes el concurso de acreedores el administrador podría haber ayudado a salvarla. Nos llegan las empresas en semimuerte. No se ha inventado la maquinita de fabricar billetes. Nuestra principal función es proteger los intereses de los acreedores”, detalla el especialista en Derecho Concursal consultado por El Confidencial.
Este letrado andaluz precisa que es el juez quien debe tener la libertad de designar a las personas a las que les va a dar su confianza, ya que el administrador concursal es un órgano de estrecha colaboración con el magistrado. Según este letrado, la iniciativa que pretende el Colegio de Abogados dejaría fuera de juego a todos los despachos pequeños quedándose con el negocio los 50 bufetes más importantes de España, los que cuentan con más capacidad económica para organizar jornadas con los mayores expertos en Derecho concursal. “A los administradores concursales se nos ha querido convertir en una especie de diana, pero cobrar está cada día más complicado y tenemos una gran responsabilidad, sobre todo en los concursos de acreedores de personas físicas”.
En los primeros años de aplicación de la ley (entre 2004 y 2007) la mayoría de los abogados estaban especializados en legislación urbanística, pero a partir de 2008 se produce un trasvase de profesionales al Derecho Concursal porque da más dinero. Otras fuentes jurídicas próximas al Colegio de Abogados de Madrid consultadas por El Confidencial recuerdan que la crisis fue de tal calibre que surgieron “tantos intereses en juego que la norma no ha dado tiempo a aplicarla bien. Todo fue de la noche de la mañana. Hoy en día el mayor número de asuntos jurídicos son los concursos de acreedores y los jueces se han acomodado a un sistema que da mucha libertad. Es como si estrenáramos el coche de un Fórmula 1 el día de la carrera”.
“Las administraciones concursales recaen casi siempre sobre las mismas personas y puede haber intereses por parte del juez, de los administradores y de las empresas concursadas. Eso da lugar a un auténtico negocio”, denuncia Ignacio Gordillo, diputado primero de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid y ex fiscal de la Audiencia Nacional, en una entrevista concedida a El Confidencial. Con esta medida, según Gordillo, se lograría que los magistrados quedaran “protegidos e inmunes de los enormes intereses que rodean estos procedimientos y que determinan tráficos e influencias muy contrarios a los fines legales de los concursos de acreedores”. Entre 2008 y 2012 se presentaron en España 37.000 concursos de acreedores. El año pasado fueron 9.700 concursos.
“Esto se puede estar moviendo entre un centenar de personas en todo el país; hay administradores que llevan otros concursos con testaferros legales… Lo importante es que se ponga un filtro por medio que evite la elección directa sin que nadie ponga las barreras y haya tanto intereses mezclados”, subrayan a este diario fuentes judiciales. El trabajo en la administración concursal, insisten estas mismas fuentes, ha dado lugar a un “circuito muy cerrado” en el que los jueces son llamados para dictar conferencias creándose una “actuación muy preferente” para los magistrados que puede dar lugar a “atisbos de irregularidades o corrupción”, denuncia Gordillo, responsable del Área de Penal del despacho de abogados Martínez-Echevarría.
El letrado madrileño recuerda que la remuneración media de los administradores concursales se eleva a 250.000 euros, aunque un abogado andaluz especialista en Derecho concursal (ha participado en 15 procedimientos) consultado por este diario niega esa cifra. “Sólo una vez tuve un honorario de 100.000 euros y al final he cobrado la mitad tras siete años en funcionamiento del concurso; en el resto he cobrado 50.000 euros y, en el mejor de los casos, se tarda entre 4 o 5 años en resolverse: se suele cobrar uno de cada cinco concursos”, cuenta el letrado andaluz.
“Nos llegan las empresas en semimuerte”
La ley de la administración concursal, en vigor desde 2003 por iniciativa del entonces ministro de Justicia José María Michavila, se suponía que iba a evitar el cierre de muchas empresas que estaban en crisis, pero el hecho es que las compañías recurren a esta vía cuando han agotado ya casi todas las opciones posibles para su salvación. “No es un sistema de paliativos, milagros no podemos hacer. No se nos pueden tachar de ser los responsables de las muertes de las empresas. En la mayoría de los casos si la empresa hubiera pedido dos años antes el concurso de acreedores el administrador podría haber ayudado a salvarla. Nos llegan las empresas en semimuerte. No se ha inventado la maquinita de fabricar billetes. Nuestra principal función es proteger los intereses de los acreedores”, detalla el especialista en Derecho Concursal consultado por El Confidencial.
Este letrado andaluz precisa que es el juez quien debe tener la libertad de designar a las personas a las que les va a dar su confianza, ya que el administrador concursal es un órgano de estrecha colaboración con el magistrado. Según este letrado, la iniciativa que pretende el Colegio de Abogados dejaría fuera de juego a todos los despachos pequeños quedándose con el negocio los 50 bufetes más importantes de España, los que cuentan con más capacidad económica para organizar jornadas con los mayores expertos en Derecho concursal. “A los administradores concursales se nos ha querido convertir en una especie de diana, pero cobrar está cada día más complicado y tenemos una gran responsabilidad, sobre todo en los concursos de acreedores de personas físicas”.
En los primeros años de aplicación de la ley (entre 2004 y 2007) la mayoría de los abogados estaban especializados en legislación urbanística, pero a partir de 2008 se produce un trasvase de profesionales al Derecho Concursal porque da más dinero. Otras fuentes jurídicas próximas al Colegio de Abogados de Madrid consultadas por El Confidencial recuerdan que la crisis fue de tal calibre que surgieron “tantos intereses en juego que la norma no ha dado tiempo a aplicarla bien. Todo fue de la noche de la mañana. Hoy en día el mayor número de asuntos jurídicos son los concursos de acreedores y los jueces se han acomodado a un sistema que da mucha libertad. Es como si estrenáramos el coche de un Fórmula 1 el día de la carrera”.
El enlace de la información que publico en El Confidencial.
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