La Junta coloca en un puesto que no existe a un cargo imputado en los EREs

La Junta de Andalucía ha contratado al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá en un puesto virtual en la delegación del Gobierno de Cádiz. Barberá, imputado en el caso de los EREs falsos por la juez Mercedes Alaya, responsable del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, trabaja como coordinador en la unidad de prevención de riesgos laborales, un puesto que no existe en la función pública andaluza.

“La Junta de Andalucía no ha creado ese puesto de trabajo. Son plazas virtuales o plazas mochila, creada para que antiguos altos cargos sean recolocados. Estas plazas se crean al margen de la ley”, destaca a El Confidencial Juan Carlos Moreno, responsable del sindicato CSIF en Cádiz, que ha denunciado el caso.

Aquí el link de la información que he publicado hoy.

El temor a represalias acalla las protestas de los funcionarios andaluces

La última de las grandes protestas que protagonizaron los funcionarios andaluces ocurrió el pasado mayo. Entonces unas 10.000 personas marcharon contra el decretazo Griñán para denunciar la existencia de una administración paralela en la Junta de Andalucía que coloca a 20.000 personas sin haber opositado. Nada que ver con una marcha multitudinaria celebrada el 22 de enero, cuando los sindicatos independientes convocaron una macromanifestación en Sevilla a la que acudieron 40.000 personas.

Hoy por hoy, no está prevista ninguna nueva concentración contra la medida del Gobierno andaluz que preside José Antonio Griñán. “Todo tiene su momento, aunque tampoco lo descartamos”, explica a El Confidencial Alicia Martos, portavoz del sindicato CSIF. Martos denuncia que los funcionarios andaluces tienen miedo a manifestarse “por temor a represalias de sus jefes”, según Martos.

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Unos 10.000 funcionarios vuelven a protestar contra el ‘decretazo’ Griñán

Unas 10.000 personas, según fuentes sindicales, volvieron a protestar este sábado en el centro de Sevilla contra el decretazo Griñán, también conocido como el decreto del enchufismo de la Junta de Andalucía. “Se demuestra que no decae la oposición frontal contra la Ley de Reordenación del sector público”, apunta a El Confidencial Alicia Martos, portavoz del sindicato CSIF.

“El decreto es un atentado al empleado público y también a los ciudadanos”, resaltó Martos, tras recordar que la movilización en la calle “se sigue demostrando eficaz para que no nos pisen nuestros derechos”. El 22 de enero ya convocaron una macromanifestación en la capital andaluza a la que acudieron 40.000 personas.

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